La frontera sur de España vuelve a ser el escenario visible del fracaso de las políticas migratorias y de la falta de previsión del Ejecutivo español
Ante la entrada masiva e incontrolada de migrantes que ha vuelto a desbordar a la ciudad autónoma de Ceuta, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la diócesis de Cádiz-Ceuta han tenido que dar un paso al frente para suplir, con recursos propios y solidaridad comunitaria, las carencias del dispositivo estatal.
Las declaraciones del sacerdote Fernando Redondo Pavón, director del Departamento de Migraciones de la CEE, constatan una realidad incómoda para el Gobierno de Pedro Sánchez: la situación en Ceuta supera con creces la gestión administrativa y se ha consolidado como una crisis humanitaria de primer orden, marcada por la pérdida desgarradora de vidas humanas en el mar y el desbordamiento de las infraestructuras locales.
La sociedad civil al rescate frente a la inoperancia estatal
Mientras desde la Administración central se reacciona con lentitud estratégica a la sobrecarga asistencial, la diócesis de Cádiz-Ceuta se ha visto forzada a desplegar sus propios medios para atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo heridos y enfermos. La paradoja resulta evidente: la cobertura de necesidades básicas y la atención inmediata vuelven a recaer en gran medida sobre las parroquias y entidades eclesiásticas, que destinarán la recaudación de sus colectas del fin de semana a paliar una emergencia que el Estado debería prever y presupuestar.
«La población ceutí vive estos acontecimientos con preocupación y con la sensación de verse sobrepasada por las circunstancias», advierte Redondo Pavón. Una percepción que refleja la desprotección a la que Moncloa condena sistemáticamente a los territorios fronterizos.
Un ciclo repetido de imprevisión política
El colapso de Ceuta evidencia que la política migratoria del Gobierno continúa atrapada en un esquema de reacción improvisada. La recurrencia de estas emergencias —que evocan episodios pasados de extrema gravedad como los vividos en 2021— pone de manifiesto la ausencia de una estrategia integral sólida, capaz de gestionar las fronteras con eficacia, garantizar la seguridad e implantar corredores humanitarios que eviten el coste en vidas.
La gestión del Gobierno no solo flaquea en la prevención y en la asignación de recursos suficientes para la frontera sur, sino que deja a las administraciones locales y a las organizaciones humanitarias la carga de articular soluciones inmediatas a un problema estructural de carácter europeo.
El debate desorientado: del populismo al descuido real
La crisis en Ceuta vuelve a convertirse en un terreno de confrontación ideológica donde predomina el relato sobre la gestión. Frente al uso partidista de la tragedia por parte de la oposición y el discurso de contención sin soluciones del Ejecutivo, la voz de la Iglesia recuerda que la respuesta legal e institucional no puede desvincularse del estricto respeto a los derechos humanos fundamentalmente.
La falta de liderazgo de La Moncloa para articular una política migratoria sólida a nivel nacional e internacional vuelve a quedar al descubierto: mientras la política institucional se empantana en la retórica, en la frontera de Ceuta la asistencia prioritaria sigue dependiendo del trabajo asistencial y de la solidaridad civil.
