El Vaticano ya dispone de las actuaciones de la investigación canónica sobre el sacerdote de 67 años, que en 2014 fue absuelto por un caso similar
La Diócesis de Osma-Soria ha suspendido cautelarmente de sus funciones al párroco de Serón de Nágima tras la apertura de una investigación judicial y eclesiástica por un presunto delito de acoso sexual a una menor. El Obispado ha prohibido al sacerdote, de 67 años, ejercer cualquier actividad ministerial en la parroquia y mantener contacto directo o indirecto con la denunciante.
El procedimiento penal se encuentra en el Tribunal de Instancia de Almazán, después de que la familia de la víctima presentara una denuncia ante la Guardia Civil el pasado 17 de agosto. Según fuentes cercanas al caso, las diligencias se centran en supuestos mensajes de contenido sexual y peticiones de índole explícita hacia la menor en el ámbito laboral.
Investigación canónica enviada a Roma
En el ámbito eclesiástico, la diócesis ha concluido la investigación previa y ha remitido las actuaciones junto con la valoración del administrador diocesano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, organismo encargado de determinar los pasos a seguir. Asimismo, las autoridades diocesanas han puesto la información a disposición de la Fiscalía Provincial de Soria.
El Obispado ha aclarado que estas medidas son estrictamente cautelares y no constituyen una declaración de culpabilidad. Además, ha precisado que algunas informaciones difundidas sobre el contenido de los hechos no coinciden exactamente con los datos comunicados a la entidad.
Antecedente judicial en 2014
El sacerdote ya fue juzgado en 2014 por la Audiencia Provincial de Soria tras ser acusado de abusos sexuales a tres alumnas mientras ejercía como profesor de Religión en Medinaceli. En aquel proceso, la justicia dictó sentencia absolutoria al considerar que no quedó acreditado el ánimo sexual en los hechos denunciados. Tras la resolución, el obispado rehabilitó al cura en sus funciones.
La diócesis ha manifestado su compromiso con la protección de los menores y su cercanía con la familia afectada, apelando al mismo tiempo al respeto a la presunción de inocencia mientras avanzan los trámites en la vía judicial y en la sede apostólica.
