A cuatro meses de la firma del acuerdo histórico entre el Gobierno, el Defensor del Pueblo y la Conferencia Episcopal, el engranaje de reparación a las víctimas arranca a dos velocidades
Datos clave del balance inicial
450 Solicitudes analizadas por la Unidad de Víctimas desde el inicio del protocolo.
149 Expedientes en trámite activo en fase de evaluación técnica preliminar.
0 Casos recibidos por la Iglesia en la comisión asesora del Plan PRIVA.
1. El laberinto procedimental: por qué la Iglesia aún no interviene
El esperado mecanismo extrajudicial para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica ha echado a andar, pero con una marcada asimetría en sus tiempos. Tras cumplirse cuatro meses desde el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la CONFER, la institución que dirige Ángel Gabilondo ha ofrecido su primer balance oficial, revelando un elevado volumen de actividad que contrasta con la inactividad temporal del brazo eclesial.
Según los datos de la institución, la Unidad de Víctimas ha analizado un total de 450 solicitudes, de las cuales 149 expedientes continúan en tramitación. Sin embargo, la comisión asesora del Plan PRIVA de la Iglesia no ha recibido aún ninguno de estos expedientes para su estudio.
Esta aparente parálisis no responde a un bloqueo político o eclesial, sino al diseño del propio protocolo: la Unidad de Víctimas (integrada por psicólogos, criminólogos y juristas) debe evaluar individualmente cada caso antes de emitir un dictamen. Solo cuando el Defensor concluya esta primera fase, la documentación será enviada oficialmente a la Iglesia para la apertura del informe preceptivo.
2. ¿Quiénes son las víctimas y por qué acuden al Defensor?
Las 450 solicitudes corresponden a personas que recurren a este canal extrajudicial diseñado para casos donde la vía penal ordinaria está cerrada por prescripción de los delitos o fallecimiento del agresor.
Entre las personas que se han dirigido al Defensor del Pueblo se distinguen dos perfiles principales:
Víctimas que buscan neutralidad: Personas que han preferido no acudir a las oficinas eclesiales y eligen directamente al Defensor del Pueblo al considerarlo un órgano público e independiente.
Revisión de casos anteriores: Afectados que ya habían iniciado un procedimiento canónico previa o paralelamente en el Plan PRIVA, pero que desean que su expediente sea ratificado por el mecanismo estatal.
3. La prueba de fuego: investigación canónica e indemnizaciones
Una vez que la Unidad de Víctimas concluya su evaluación y remita los primeros expedientes a la comisión del Plan PRIVA, la intervención de la Conferencia Episcopal y la CONFER no será un mero trámite de validación.
La Iglesia estará obligada a realizar su propia investigación en los archivos diocesanos y congregacionales para emitir un informe motivado. Aunque este dictamen no es vinculante para el Defensor del Pueblo, resulta fundamental para acordar las medidas de reparación —que van desde indemnizaciones económicas (que en resoluciones anteriores han oscilado entre los 3.000 y los 100.000 euros) hasta gestiones de tipo espiritual o restaurativo—.
En caso de que surjan discrepancias entre el criterio del Defensor y el de la Iglesia, el protocolo prevé la activación de una comisión mixta de arbitraje, si bien la última palabra sobre el reconocimiento de la víctima seguirá recayendo en la institución que dirige Ángel Gabilondo.
Conclusión
El mecanismo de reparación afronta ahora sus semanas más decisivas. Superada la fase de recepción y estudio preliminar, los próximos meses demostrarán la agilidad real del sistema en el momento en que los primeros dictámenes comiencen a llegar de manera oficial a las mesas de los obispos.
