El Gobierno rechaza las pretensiones de Sumar y ratifica la titularidad del Cabildo Catedralicio
El Ejecutivo español ha desestimado las demandas del diputado de Sumar, Enrique Santiago, para declarar la Mezquita-Catedral de Córdoba como bien público y transferir su gestión al Estado. En respuesta a sus preguntas parlamentarias, motivadas por el incendio del pasado 8 de agosto, el Gobierno ha subrayado que no existen fundamentos jurídicos ni antecedentes que cuestionen la propiedad registral del monumento a favor del Cabildo Catedral de Córdoba.
La titularidad quedó formalmente inscrita en el Registro de la Propiedad en 2006 bajo la denominación Santa Iglesia Catedral de Córdoba, y ha sido respaldada por múltiples informes de la Abogacía del Estado desde 2014.
Informes oficiales que cierran el debate
Abril de 2014: Tras una denuncia por presunta usurpación, la Abogacía del Estado en Córdoba concluye que no hay indicios de titularidad estatal.
Mayo de 2014: Se ratifica el criterio ante un nuevo escrito del denunciante.
Agosto de 2014 y enero de 2017: Nuevas denuncias son archivadas tras informe de abril de 2017, que reitera la falta de elementos para modificar la posición inicial.
El Gobierno ha recordado que el Cabildo es el responsable de la conservación del monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, cuya gestión ha sido elogiada incluso por el organismo internacional tras el incendio de este verano.
Las demandas de Sumar, sin respaldo jurídico
Enrique Santiago (portavoz adjunto de Sumar e IU) exigía:
Reconocimiento de titularidad pública.
Gestión pública y transparente.
Un Código de Buenas Prácticas con administraciones, académicos y Unesco.
Prohibición de usar el monumento como almacén.
Que el Cabildo asuma íntegramente los costes de rehabilitación.
Todas estas peticiones han sido rechazadas por carecer de base legal.
Conclusión: la propiedad de la Iglesia, blindada
La respuesta del Gobierno pone fin a la enésima intentona de la izquierda por apropiarse del símbolo cordobés. La Mezquita-Catedral seguirá bajo la titularidad y gestión del Cabildo, como lleva siglos, con el aval del Registro de la Propiedad, la Abogacía del Estado y la propia Unesco.
