El adelanto electoral para el próximo 27 de noviembre ha provocado un auténtico terremoto en el tablero legislativo español
El anuncio de la disolución de las Cortes paraliza decenas de iniciativas parlamentarias que se encontraban en tramitación, entre ellas, un bloque de reformas que mantenía en máxima alerta a la Iglesia católica y a diversos colectivos religiosos.
Desde el intento de constitucionalizar el aborto hasta la reforma del Código Penal en materia de sentimientos religiosos, el parón institucional deja en punto muerto una agenda legislativa con fuerte impacto social y doctrinal.
Las cinco reformas clave que quedan en el aire
Blindaje del aborto en la Constitución: El proyecto gubernamental enviado al Congreso en abril de 2026 pretendía reformar el artículo 43 de la Carta Magna para consagrar la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho garantizado por el Estado. La iniciativa contaba con el firme rechazo de la Conferencia Episcopal Española, que defiende la inviabilidad de considerar el aborto como un derecho fundamental.
Penalización de las «terapias de conversión»: Impulsada por el PSOE y en su tramo final de tramitación en el Senado, esta ley preveía penas de hasta dos años de cárcel. La normativa se vio impulsada tras las investigaciones iniciadas en varias diócesis en 2025. Desde el ámbito eclesial se argumentaba la necesidad de proteger el acompañamiento espiritual prestado de forma voluntaria.
Aceleración de los trámites de eutanasia: A raíz del mediático caso de Noelia Castillo, el Parlamento de Cataluña elevó al Congreso una propuesta para reducir a solo un mes los trámites administrativos de la eutanasia. Aunque fue admitida a trámite el pasado junio, la disolución de las Cámaras congela su debate.
Derogación de los delitos contra el sentimiento religioso: La propuesta para suprimir el artículo 525 del Código Penal —que castiga el escarnio público de dogmas, creencias y ritos— pierde vigencia. La medida había generado un frente común insólito entre representantes católicos, evangélicos, judíos y musulmanes en defensa de la protección jurídica de sus comunidades.
Expulsión de la asignatura de Religión: Queda en el tintero la Proposición No de Ley presentada por SUMAR y Compromís para retirar la materia de Religión del horario lectivo escolar, una pretensión que colisionaba directamente con los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
Un mapa de incertidumbre institucional
Más allá de los proyectos de ley en curso, el adelanto electoral abre interrogantes sobre otros dos frentes de máxima sensibilidad para la institución eclesiástica:
La renovación del Defensor del Pueblo: El mandato de Ángel Gabilondo expira este noviembre de 2026. Al quedar vacante el puesto, se aplaza la designación de una figura clave para el seguimiento del protocolo de reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, vigente hasta abril de 2027.
El futuro del Valle de los Caídos: La «resignificación» del recinto y la definición de su nuevo marco jurídico —previstas en la Ley de Memoria Democrática— quedan en suspenso a la espera de la configuración de las futuras mayorías parlamentarias.
El resultado de las urnas el próximo 27 de noviembre determinará si estas iniciativas caen definitivamente en el olvido, que viniendo del Psoe, seguro, o si son reactivadas por la nueva composición de las Cortes.
