Olbier Hernández exige dignidad para los desplazados, advierte del desamparo de la sociedad ceutí y defiende la regularización como la vía clave para la integración social
CEUTA. En el marco de la preparación para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado —bajo el lema “Ni uno solo de estos pequeños”—, la Iglesia católica ha vuelto a situar la crisis humanitaria en las fronteras en el centro del debate público. Esta vez, las críticas más duras han llegado desde la archidiócesis de Valencia, cuyo delegado episcopal de Migraciones, Olbier Hernández, ha denunciado con contundencia la falta de respuesta institucional ante la situación que se vive en la ciudad autónoma de Ceuta.
Hernández ha sido categórico al señalar la inacción de la administración central en la zona fronteriza: “Para que haya acogida tiene que haber respeto a los derechos de la sociedad ceutí y de los acogidos. En el contexto actual, el Estado no ha actuado”, aseveró.
Una crisis que vulnera a ambas partes
A juicio del representante eclesiástico, la falta de gestión pública ha dejado desprotegidos tanto a los residentes locales como a las personas que logran cruzar la frontera. Hernández argumenta que la convivencia requiere un marco de libertad y respeto a la propiedad privada y a las normas de la comunidad, principios que —según denuncia— han sido vulnerados en Ceuta.
Al mismo tiempo, arremetió contra las precarias condiciones en las que sobreviven quienes buscan refugio, especialmente los colectivos más vulnerables.
“No es posible que sigan durmiendo niños en la calle, ni que asistamos a actos de violencia o robos porque las necesidades básicas no están cubiertas. Comer, dormir y beber son necesidades fundamentales que el Gobierno no ha garantizado”, denunció Hernández.
Soberanía nacional versus dignidad humana
El delegado episcopal abordó el complejo equilibrio entre la seguridad fronteriza y el deber de asistencia humanitaria. Aunque reconoció el derecho y la obligación de los Estados de resguardar sus fronteras y hacer cumplir las leyes, enfatizó que la atención a la persona debe prevalecer una vez que la entrada se ha producido.
Fallo en el control: Criticó que ni el Gobierno de España ni el de Marruecos hayan sido capaces de impedir las entradas irregulares.
Exigencia mínima de dignidad: Argumentó que, una vez en territorio nacional, los migrantes deben contar con al menos «un techo y alimentación» mientras se decide su repatriación o su integración en proyectos nacionales.
El papel asistencial de la Iglesia y la vía de la regularización
Respecto al papel de la institución eclesiástica, Hernández delimitó claramente los marcos de actuación: la Iglesia se centra en la labor asistencial por mandato evangélico, mientras que la gestión del marco legal, los flujos migratorios y las devoluciones son competencia exclusiva de los Estados.
En el plano local, destacó la labor que sacerdotes y Cáritas realizan en Valencia, subrayando el valor espiritual del intercambio cultural. Asimismo, recordó el respaldo que supuso la visita del Papa a Canarias para visibilizar la acogida en las regiones de frontera.
Finalmente, el delegado valoró de forma muy positiva los recientes procesos de regularización extraordinaria en España, definiéndolos como una “oportunidad de integración innegable” que permitirá a miles de personas salir de la economía sumergida, evitar situaciones de explotación laboral y sumarse plenamente a la sociedad.
