El órgano consultivo señala que el Gobierno utiliza el artículo 43 por «conveniencia política» y no para garantizar un derecho fundamental, lo que ha provocado el primer voto particular de un «padre» de la Constitución
El pleno del Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable al anteproyecto del Gobierno para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución Española. Aunque el órgano no encuentra «obstáculos jurídicos» para tramitar la reforma, su resolución incluye una severa advertencia: la vía utilizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no reconoce el aborto como un derecho de la mujer, sino únicamente como una prestación sanitaria.
El debate jurídico: ¿Prestación o Derecho?
El eje de la controversia reside en el artículo de la Carta Magna que se pretende modificar. El Gobierno ha optado por el artículo 43 (derecho a la protección de la salud), una vía que requiere una mayoría de tres quintos y no exige referéndum ni disolución de las Cámaras.
Sin embargo, el Consejo de Estado subraya en su informe que:
Limitación técnica: Al anclar la reforma en el artículo 43, solo se garantiza que el aborto se realice en «condiciones sanitarias debidas«, pero no se blinda la capacidad de decisión de la mujer como un derecho fundamental.
La alternativa: El dictamen sugiere que, para una garantía real, la reforma debería afectar al artículo 15 (derecho a la vida y la integridad), lo que activaría el procedimiento agravado (mayoría de dos tercios, elecciones generales y referéndum).
La sesión no estuvo exenta de tensión interna. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los arquitectos de la Constitución de 1978, emitió un voto particular calificando la operación de «fraude a la Constitución«. Según el jurista, el Gobierno está eludiendo el procedimiento complejo que la ley exige para alterar el estatuto de los derechos fundamentales, sentando un precedente que considera «peligroso» para la estabilidad jurídica del país.
El contexto político
El presidente Pedro Sánchez anunció el dictamen durante un acto electoral en Burgos, justificando la urgencia de la reforma ante el bajo porcentaje de abortos practicados en centros públicos en diversas comunidades autónomas.
Por su parte, el panorama parlamentario se presenta complejo:
Aritmética difícil: El Ejecutivo necesita el apoyo del Partido Popular para alcanzar los tres quintos requeridos.
Oposición del PP: La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ya ha manifestado su rechazo frontal a esta iniciativa, a pesar de que la doctrina del Tribunal Constitucional (en sus sentencias de 1985 y 2023) ya avala el sistema de plazos actual.
Dato clave: La elección del artículo 43 por parte del Gobierno se justifica en el anteproyecto por razones de «sencillez y celeridad«, un argumento que el Consejo de Estado pide omitir por considerar que la reforma debe atender a criterios jurídicos y no a la «viabilidad política del acuerdo«.
